Tierra Adentro
Fotografía por Carlos Vargas Sepúlveda.

Fotografía por Carlos Vargas Sepúlveda.

“Hasta saber la verdad”, escribió Clemente Rodríguez en una hoja de papel en noviembre de 2016. Luego pidió que la lucha por los 43 normalistas de Ayotzinapa se mantuviera viva. Para ese momento, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, su hijo, tenía más de dos años desaparecido y faltaban más de tres para que las autoridades mexicanas brindaran certezas sobre su paradero.

 

En una diligencia llevada a cabo por la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa entre el 20 y 28 de noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, Ejido de Cocula, Guerrero, se localizaron cien fragmentos óseos no articulados y dispersos en una superficie de 200 metros, de acuerdo con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Entre los restos estaba un hueso que permitiría la identificación de Rodríguez Telumbre.

 

En la versión oficial del caso Ayotzinapa, construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se afirmó que los 43 estudiantes normalistas desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a manos de policías municipales corrompidos y supuestos integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero del municipio de Cocula.

 

La Procuraduría General de la República (PGR), en ese momento dirigida por Jesús Murillo Karam, y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), comandada por Tomás Zerón de Lucio, ignoraron que estudiantes afirmaban haber visto a soldados y policías federales durante las horas de horror en Iguala. Dejaron a un lado esas líneas de investigación y la versión oficial se construyó con testimonios de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

 

Según ellos, a las 17:00 horas del 27 de septiembre de 2014, Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, señalado como líder de Guerreros Unidos, ordenó que los huesos que resistieron a las llamas de Cocula se fracturaran, se colocaran en bolsas de basura negras y fueran arrojadas en Puente Río San Juan, comunidad perteneciente al mismo municipio.

 

Sin embargo, el hallazgo del hueso en la barranca La Carnicería permitiría a Alejandro Gertz Manero, actual Fiscal General de la República, decir que dicha versión oficial, presentada por Karam y Zerón de Lucio, se había terminado.

Fotografía por Carlos Vargas Sepúlveda.

Fotografía por Carlos Vargas Sepúlveda.

EL TERCER IDENTIFICADO DE 43

 

“Ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Éste, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula ni en el Río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración […] Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el Fiscal General de la República, la ‘verdad histórica’ se acabó”, declaró Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), el 7 de julio de 2020.

 

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, quien tenía 19 años de edad la noche en que los estudiantes fueron atados, se convirtió en el tercer normalista identificado. Es decir, en casi seis años de búsqueda, solo tres de las 43 familias recibieron respuestas sobre el paradero de sus muchachos.

 

El primero fue Alexander Mora Venancio. Expertos en la Universidad de Innsbruck, en Austria, compararon la muestra 27-29102014, la cual fue obtenida de dos familiares de Alexander, con un hueso ubicado en Cocula, y así identificaron el perfil genético del estudiante durante los primeros meses de investigación.

 

En 2015, la misma Universidad austriaca, a través de la referencia 13MR5421, logró identificar a Joshivani Guerrero de la Cruz. Lo que pasó con los otros 40 normalistas todavía es incierto, pero ni la pandemia de COVID-19 ha impedido que sus familias continúen buscando respuestas.

 

Joshivani Guerrero de la Cruz. Fotografía por Carlos Vargas Sepúlveda.

Joshivani Guerrero de la Cruz. Fotografía por Carlos Vargas Sepúlveda.

LOS MILITARES

 

Era 15 de julio de 2015. Las bisagras de la reja de entrada al Batallón 27 de Infantería, ubicado en Iguala, se rindieron luego de unos minutos de empujones entre militares y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

 

-¡Crash!

 

Los elementos castrenses, equipados de toletes, escudos y cascos, dieron varios pasos al frente. Los familiares de los estudiantes intentaron levantar la reja para usarla como muro de contención, pero fue inútil, pues el peso los derrotó. La reja se impactó de nuevo.

 

-¡Crash!

 

“¡Asesinos!, ¡asesinos!”, gritaron los manifestantes. Los militares no se movieron. Las familias querían que les permitieran pasar a revisar las instalaciones, pero recibieron gas lacrimógeno a cambio.

 

María de Jesús Tlatempa Bello, mamá de José Eduardo Bartolo Tlatempa, encaró a los elementos castrenses. Le dijo, desde el corazón, que ellos no eran ajenos a la violencia que lleva años cobrando miles y miles de víctimas a lo largo del territorio nacional.

 

“Tienen hijos. También los pueden desaparecer. Ahorita nos tocó a nosotros, pero a ustedes les puede tocar el día de mañana. Nosotros no vamos a dejar de buscar a nuestros hijos hasta encontrarlos con vida”, dijo la mujer. Algunos militares sonrieron, otros tragaron saliva. Como el de ese día hubo varios encontronazos. Y la pregunta fue creciendo: ¿por qué el entonces secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda no ordenaba que se abrieran las puertas del Batallón 27 para que padres y madres se sintieran más tranquilos?

 

El domingo 12 de julio de 2020, días después de que Alejandro Gertz Manero dijera de manera categórica que los 43 estudiantes no habían sido incinerados en Cocula, la revista Proceso reveló que la “verdad histórica” encubría a militares y la Fiscalía General de la República (FGR) ahora los está investigando. De acuerdo con el texto La verdad histórica encubría al Ejército, firmado por el periodista Álvaro Delgado Gómez, la Fiscalía mexicana cuenta con indicios de la participación directa de militares en la detención y desaparición de los estudiantes.

 

LAS FAMILIAS

 

El caso Ayotzinapa le dio la vuelta al mundo. Las manifestaciones ocurrieron en América, Europa, Asia, África y Oceanía. Fotografías, documentales, testimonios, crónicas, películas, libros. Se escribieron miles de líneas, se filmaron miles de minutos sobre el caso. Cientos de periodistas, nacionales y extranjeros, llegaron hasta la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos para contar las historias de los estudiantes. Cada uno de los productos trató de servir como combustible para que la verdad no se apagara.

 

La verdadera lucha, sin embargo, ocurrió en los hogares de las 43 familias. Desde regiones apartadas de Guerrero o desde una pequeña casa en Tixtla, municipio en el que se ubica la Normal Rural de Ayotzinapa, padres y madres de los desaparecidos viajaron una y otra vez para tratar de ser escuchados. No importó que lloviera o el sol fuera demoledor. Recorrieron kilómetros y kilómetros con la misma consigna: que sus hijos fueran regresados con vida. A pesar de la insistencia y el desgaste físico y psicológico que sufrían las familias, el gobierno de Peña Nieto prefirió mantener la “verdad histórica”.

 

Durante el sexenio del priista, Minerva Bello Juárez, madre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43, murió sin conocer el paradero de su hijo. Tomás Ramírez, padre de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres estudiantes asesinados durante la noche de Iguala, también murió esperando justicia. La autoridad se dedicó a debilitarlos. A ocultar verdades o a decirlas a medias.

 

Los decesos fueron dolorosos para el movimiento. Sin embargo, la esperanza legítima de hallar a los estudiantes con vida se mantuvo. Alguna familia dijo un día que dejaba la puerta de su casa abierta en las noches por si el desaparecido volvía, otra nunca dejó de conjugar los verbos en presente al hablar de su consanguíneo. Así cada una fue sobrellevando la tristeza en un México en que al menos 73 mil 201 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 1964, de acuerdo con un informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

 

"Antimonumento +43" en avenida Reforma. Fotografía por Carlos Vargas Sepúlveda.

“Antimonumento +43″ en avenida Reforma. Fotografía por Carlos Vargas Sepúlveda.

VAN POR ZERÓN

 

La versión oficial del caso Ayotzinapa fue desestimada por expertos y familias desde el primer minuto. Las inconsistencias en los informes y los reportes sobre tortura a los involucrados se iban carcomiendo poco a poco lo que quedaba de lo presentado por Tomás Zerón de Lucio y Jesús Murillo Karam. En septiembre de 2019, por ejemplo, Gilgardo López Astudillo, conocido como “El Cabo Gil”, a quien se señaló como la persona que ordenó ejecutar a los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, fue liberado. El sujeto permaneció tras las rejas menos de cuatro años (fue detenido en septiembre de 2015). Un juez lo absolvió de los cargos porque la PGR habría obtenido las pruebas en su contra con tortura.

 

La prueba de que los 43 no fueron incinerados en Cocula, la obtenida con la diligencia de noviembre de 2019, solo fue otro naipe que se derrumbo del castillo que defendieron hasta el último minuto de la administración de Peña Nieto. Luego de la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) frente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, lo único que les quedó a algunos fue ocultarse para evadir a la justicia. Al propio Zerón, por ejemplo.

 

El 30 de junio de 2020, casi dos años después de que la nueva administración prometiera a los padres y madres de los 43 estudiantes nuevas respuestas, la Fiscalía General de la República informó que ya había solicitado casi media centena de órdenes de aprehensión contra servidores públicos de varios municipios de Guerrero. Ese mismo día se confirmó que Tomás Zerón de Lucio, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, era prófugo de la justicia.

 

Zerón de Lucio está en Canadá, de acuerdo con información oficial. En su caso no habrá impunidad, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Autoridades mexicanas ya llevan a cabo trabajo diplomático y legal para que el sujeto sea extraditado y enfrente la justicia en suelo nacional. A finales de julio, sin embargo, sigue libre.

 

SON TANTAS LAS PREGUNTAS

 

En septiembre de 2020 se cumplirán seis años del ataque en Iguala. En esa fecha tal vez ya hayan sido reveladas nuevas órdenes de aprehensión, capturas o la identificación de otras de las víctimas. Pero habrá muchas preguntas todavía sin respuesta. Habrá líneas de investigación que no estén claras todavía. Habrá también impunidad para personajes que participaron y que tal vez alcanzaron a lavarse la cara y manos muy fácil. Las familias seguirán esperando, marchando, exigiendo. Habrá también miles y miles de familias más buscando respuestas a otros casos.

Lo único que queda claro hoy -y ayer- es que aquella noche del 26 de septiembre de 2014, México perdió a decenas de aspirantes a maestros, cuyo destino era enseñar en las comunidades más pobres de Guerrero y de otros puntos del país. Cuyo sueño era poder terminar una carrera para ayudar a sus familias.

 

José Eduardo Bartolo Tlatempa, Jonás Trujillo González, Everardo Rodríguez Bello, Cutberto Ortiz Ramos, Martín Getsemany Sánchez García, Christian Alfonso Rodríguez, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abraján de la Cruz, Israel Jacinto Lugardo, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Antonio Santana Maestro, Miguel Ángel Hernández Martínez, Leonel Castro Abarca, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Giovanni Galindes Guerrero, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, José Ángel Campos Cantor, Mauricio Ortega Valerio, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, José Luis Luna Torres, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Bernardo Flores Alcaráz, Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín Ascencio Bautista, Israel Caballero Sanchez, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda, José Antonio Tizapa Legideño, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández, Julio César López Patolzin, Abel García Hernández, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Doriam González Parral, Jorge Luis González Parral, Alexander Mora Venancio, Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez Nava, Christian Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola y Carlos Iván Ramiréz Villareal, los 43 desaparecidos, querían eso: un futuro distinto en el México desigual en el que les tocó vivir. Lo mismo Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, asesinados durante la noche de Iguala.

 

Lo único que quedará claro en septiembre de 2020, cuando se cumpla un sexenio, es que seguirlos nombrando es uno de los motores más fuertes que existen contra el olvido al que se apostó durante tanto tiempo.

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Secretaría de Cultura