Violencia policial en Jalisco

Hay que decirlo: la violencia policial que desató el gobierno de Jalisco tiene una explicación sencilla que es, a la vez, histórica y coyuntural. Es histórica en tanto no es nueva y fue instrumentada por personajes que en 2004 y 2012 ya habían reprimido y violentado derechos humanos en nombre del “orden público”. Es coyuntural porque obedece a un afán de protagonismo del gobernador Enrique Alfaro.

Al inicio de este año, la gestión de Enrique Alfaro era aprobada solo por 3 de cada 10 jaliscienses. El resto, los otros 7, la rechazaban por su forma de gobernar y ejercer los recursos públicos. Sus primeras medidas, que buscaban recaudar más dinero sin explicar en qué se gastaría, encarecieron la vida de los jaliscienses; aumentó el costo del trasporte público, el de los servicios municipales de salud y el predial. A la par, aumentaban los salarios de los trabajadores del gobierno estatal, e incluso se abrían nuevos puestos en el gobierno con salarios por encima de los 90 mil pesos mensuales.

Aunado al clima de violencia e inseguridad, en Jalisco se vivía con decepción el desempeño del gobernador, y él lo resintió en su popularidad. Hasta que la pandemia desatada por el covid-19 le brindó la ocasión de recuperar espectacularmente el terreno político perdido.

Laura Pantoja, Manifestación en Guadalajara, 4 de junio de 2020.

En su intento por volverse el centro de atención en el combate a la pandemia, Alfaro ha insistido en polemizar con el subsecretario de Salud y vocero del Gobierno Federal en el combate al covid-19, Hugo López-Gatell. A cada disposición emanada por el Consejo Nacional de Salubridad, ha contestado con medidas de alto impacto mediático en el ámbito de su facultades como autoridad sanitaria local. En el exceso, decidió decretar una medida que más tarde le costaría la vida a Giovanni López.

A pesar de la insistencia de López-Gatell en no concentrar el peso de las intervenciones sanitarias en la gente, sino en las estructuras (es decir: en los centros de trabajo y de concurrencia pública), el 19 de abril Alfaro emitió un decreto que prohibía andar en la calle sin tapabocas y facultaba a las autoridades municipales a implementar las disposiciones consignadas en el decreto. Sin embargo jamás se emitió un protocolo de actuación para que las policías tuvieran normas homologadas que dirigieran sus intervenciones. El decreto sigue vigente y no ha sufrido modificación alguna, pese a su evidente fracaso y su aplicación mortal.

Fueron múltiples las videograbaciones que registraron cómo las distintas policías municipales hacían uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento irracional de detener a quién salía a la calle sin portar el tapabocas obligatorio. Incluso personalidades como el director de cine Guillermo del Toro dieron testimonio de que en el municipio de Tala un grupo de siete policías sometían con lujo de violencia a un ciudadano.

@EnriqueAlfaroR A la mejor yo no entiendo las cosas- pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto… https://t.co/ZGxFBBMX0r

— Guillermo del Toro (@RealGDT) April 30, 2020

Como narra el hermano de Giovanni López en dos testimonios que ha subido a redes sociales, a su hermano lo detuvieron porque un decreto del gobernador Enrique Alfaro prohibía salir a la calle sin tapabocas. Esa norma, pensada al calor del calculo electoral y la autopromoción, costó la vida de un ciudadano en uno de los municipios más violentos de Jalisco, en una de las colonias más marginadas de Ixtlahuacán de los Membrillos, a manos de policías municipales.

Laura Pantoja, Manifestación en Guadalajara, 4 de junio de 2020.

Todos estos agravios contenidos, en medio de una pandemia que nos exige permanecer en casa, llevaron a los jaliscienses a las calles. Era inadmisible que en Jalisco ocurriera lo mismo que en Minnesota con George Floyd: la aplicación racializada y clasista de una norma innecesaria, más motivada por razones políticas que de salud.

Así como sucedió con Floyd, en el caso de Giovanni se intersecan diferentes desigualdades. Si Giovanni hubiera sido arquitecto en lugar de albañil; si viviera en Guadalajara en lugar de Ixtlahuacán; si viviera en la acaudalada zona de Providecia y no en una colonia marginada, quizás el actuar de los policías no hubiera sido violento hasta quitarle la vida. Quizá si Giovanni López hubiera sido un hombre blanco, acaudalado y famoso, Enrique Alfaro no hubiera ocultado su asesinato un mes, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos hubiera guardado silencio sobre este caso durante el mismo tiempo.

El jueves 4 de de junio a las 17:00 horas arrancó en Guadalajara la primera manifestación exigiendo justicia para Giovanni López y su familia. Desde el famoso Parque Rojo se marchó hasta el Palacio de Gobierno. Durante el trayecto todo fue pacifico. Las consignas que se coreaban exigían castigo a los responsables, esclarecimiento del caso y señalaban que Giovanni no había muerto, sino que la policía lo había asesinado. Este texto en un esfuerzo por disputar la narrativa oficial, que, con millones de pesos del erario público, intenta responsabilizar a Giovanni de su propia muerte.

Laura Pantoja, Manifestación en Guadalajara, 4 de junio de 2020.

Al llegar a Palacio de Gobierno ocurrió algo que nos hizo sospechar del proceder del Fiscal General de Jalisco, Octavio Solís. El modus operandi fue idéntico al del 28 de mayo de 2004, cuando el mismo fiscal, entonces procurador del gobernador Francisco Ramírez Acuña, se encargó de reprimir a los manifestantes altermundistas (mal llamados globalifóbicos). Primero infiltraron la manifestación con personas que llevaba preparados petardos y bombas molotov; después dejaron dispuesta una puerta del Palacio de Gobierno para que esta se abriera con facilidad. Sino, ¿qué explica que la puerta lateral se abriera con un soplo y la puerta central no se moviera ni un centímetro, a pesar de los constantes esfuerzos por derribarla?

Al ingresar al edificio, los manifestantes tomaron banderas de México y del estado de Jalisco para ondearlas como símbolo de victoria. Poco después, dos patrullas de la policía estatal se colocaron en las calles adyacentes al Palacio. Sus ocupantes las abandonaron y huyeron del lugar. Sin un propósito claro, los oficiales de la fiscalía dejaron ambas patrullas con armas de alto calibre dentro y las sirenas encendidas.

No pasó mucho tiempo para que manifestantes notaran la presencia de estos vehículos y se dirigieran a ellos para, a través de la acción directa, convertirlos en el testimonio material de lo que se exigía: un alto a la violencia policial.

Laura Pantoja, Manifestación en Guadalajara, 4 de junio de 2020.

En uno de los vídeos que circula por internet, se alcanza a observar cómo un encapuchado toma uno de esos rifles y lo intenta accionar. Por fortuna se le traba y no logra su propósito. Dos horas después de marcha, manifestación, provocaciones de la policía y acción directa, del interior del Palacio de Gobierno salieron decenas de policías sin protección y armados con palos, piedras y botellas, y atacaron a los manifestantes, principalmente a las mujeres.

Como en el 2004, los policías formaron una herradura. Por eso es difícil suponer que no había un plan de represión. Los oficiales se sujetaron a sus procedimientos históricos para silenciar la crítica. A quienes lograban detener primero los metieron al Palacio de Gobierno, y después, sin avisar a sus familiares ni a sus defensores, los trasladaron al Penal de Puente Grande, el espacio con más casos de covid-19 en Jalisco.

Durante horas se desconoció el paradero de los detenidos. Únicamente teníamos los cientos de vídeos y testimonios que daban cuenta de cómo, con violencia excesiva, el Gobierno de Jalisco los había privado de su libertad.

La marcha convocada al día siguiente llegaría a Casa Jalisco, despacho del gobernador, pero se cambió a la Fiscalía General de Jalisco, pues en Guadalajara los detenidos por manifestarse suelen ser llevados a esas instalaciones para ser interrogados y torturados. No se sabía si los detenidos estaban ahí, pues durante más de doce horas no se informó a sus familiares su paradero. Sin embargo ese edificio alberga también a los titulares del Gabinete de Seguridad y era pertinente exigirles respuestas y libertad para los detenidos.

Laura Pantoja, Manifestación en Guadalajara, 4 de junio de 2020.

Antes de la hora programada, comenzó el terror. Personal de la fiscalía estatal, encapuchados y con ropa táctica, movilizados en camionetas 4×4, comenzaron a realizar levantones a quienes ellos suponían que acudirían a manifestarse. Como puede leerse en muchos testimonios, los subieron a camionetas, amontonados con otros levantados, mientras los sometían con palos o asfixiándolos con la rodilla sobre el cuello, además de amenazarlos con ser entregados a “la plaza” para que los desaparecieran. Finalmente eran abandonados en otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, sin celular ni dinero.

Nuevamente el tiempo en Jalisco tomó una forma viscosa, ralentizada. En redes sociales, familiares y amigos de los manifestantes preguntaban y pedían información. Nadie sabía nada. Diferentes organizaciones lograron articular una lista de personas que, a partir de ese momento, se consideraron víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado. Ninguna autoridad daba información al respecto. Poco a poco y por sus medios, algunos de los desaparecidos comenzaron a informar en redes sociales lo que había ocurrido. Los testimonios son lamentables. Incluso Candelaria Ochoa, titular de la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) y asistente a la marcha, ha referido la existencia de denuncias de violencia sexual contra algunas detenidas.

No fue sino hasta las 21:00 horas que el gobernador Alfaro se dirigió a los ciudadanos. Lejos de brindar tranquilidad, redobló su retórica electorera: culpó nuevamente a AMLO, a la CDMX y agregó a un nuevo conspirador: el crimen organizado.

Todo parecía indicar que esta construcción de culpables buscaba victimizar al gobernador en su camino a construir su “verdad histórica”. Nombrar a un culpable tan abstracto como el crimen organizado daba a entender que, pasara lo que pasara, aparecieran o no los jóvenes, ya había un culpable construido discursivamente. Así, sin transparencia y sin una investigación imparcial que sostuviera sus afirmaciones, Alfaro parecía emular el espectáculo  que Enrique Peña Nieto y Tomás Zerón montaron para ocultar lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa.

Laura Pantoja, Manifestación en Guadalajara, 4 de junio de 2020.

En respuesta a los levantones y la desaparición de manifestantes, Alfaro sacó un nuevo vídeo donde se comprometía a encontrarlos a todos. Hasta las 18:00 horas del domingo 7 de junio se desconocía el paradero de Roberto Carlos Ornelas Rodríguez y se mantienen varias interrogantes: ¿quién ordenó la represión y desaparición de los jóvenes manifestantes? Si fue, como dice Alfaro, la delincuencia organizada que controla la Fiscalía General, ¿por qué no se hace una investigación independiente que analice las comunicaciones de los agentes y se revisa el circuito cerrado de cámaras para dar con los responsables?

Visto el actuar del gobernador de Jalisco, que tapa hoyos viejos abriendo nuevos, urge una investigación independiente que determine quienes son los responsables del asesinato de Giovanni López, así como los responsables de ordenar la represión y posterior desaparición de manifestantes. México y el mundo no deben quitar los ojos de Jalisco, porque en este estado no se vive en normalidad democrática: te asesinan por no usar cubrebocas y te desaparecen si sales a exigir justicia.